Foto cortesía de FLIGHTAWARE
La investigación respecto a la adquisición y uso ilegal de la aeronave Dassault Falcon 900EX continúa con la participación de varias agencias federales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó acerca de la confiscación de una aeronave Dassault Falcon 900EX, relacionada con Nicolás Maduro Moros y personas cercanas a su entorno en Venezuela.
El avión fue incautado en la República Dominicana y trasladado al Distrito Sur de Florida, a solicitud del gobierno de Estados Unidos, debido a violaciones de las leyes de control de exportaciones y sanciones estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses, en colaboración con sus contrapartes internacionales, han subrayado la importancia de esta incautación como parte de sus esfuerzos continuos para hacer cumplir las leyes que regulan la exportación de bienes y servicios a países bajo sanciones.
El avión, valuado en $13 millones, fue adquirido y exportado de manera ilegal, según la investigación en curso. Desde entonces, ha sido utilizado para vuelos desde y hacia bases militares en Venezuela, beneficiando directamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro y su círculo.
El operativo se realizó bajo la cooperación entre diversas agencias de seguridad de Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Comercio, el Departamento de Seguridad Nacional y las oficinas de fiscales federales en Florida.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, esta operación es parte de un esfuerzo más amplio para hacer cumplir las sanciones impuestas al régimen venezolano, en particular a Nicolás Maduro y sus colaboradores.
El Fiscal General Merrick B. Garland expresó que la aeronave fue adquirida ilegalmente a través de una empresa fantasma, con el objetivo de evadir las restricciones de exportación de Estados Unidos.
"Esta incautación envía un mensaje claro: no permitiremos que aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos sean utilizados por funcionarios sancionados", señaló Garland. El comunicado subraya que el avión fue utilizado exclusivamente para beneficio de Maduro y sus representantes, lo que refuerza la justificación de la confiscación.
Según las autoridades, el avión había sido exportado de manera clandestina y utilizado en múltiples ocasiones para vuelos que apoyaban al régimen de Maduro.
Investigación en Curso
La investigación respecto a la adquisición y uso ilegal de la aeronave continúa, con la participación de varias agencias federales. El Departamento de Comercio, a través de su Oficina de Control de Exportaciones, lidera la investigación, en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Fuerza de Tareas El Dorado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.
Matthew S. Axelrod, Secretario Asistente para la Ejecución de Exportaciones del Departamento de Comercio, afirmó que se mantendrán vigilantes en identificar y recuperar cualquier aeronave o bien que haya sido exportado ilegalmente desde Estados Unidos.
"No importa cuán influyentes sean los funcionarios o cuán sofisticado sea el avión, seguiremos trabajando incansablemente para aplicar nuestras leyes", dijo Axelrod.
El avión, identificado con la matrícula T7-ESPRT, fue rastreado y se confirmó que ha sido utilizado principalmente para vuelos a y desde una base militar en Venezuela desde mayo de 2023.
Consecuencias legales y futuras acciones
El proceso de confiscación de la aeronave Dassault Falcon 900EX es solo una parte del conjunto de acciones legales que Estados Unidos ha venido implementado contra el régimen de Maduro. El caso está siendo manejado por un equipo de fiscales de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, junto con la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional.
Markenzy Lapointe, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, destacó que esta incautación demuestra el compromiso del gobierno en aplicar estrictamente las sanciones y leyes de control de exportaciones.
"Trabajaremos para confiscar este avión y cualquier otro activo que evada la ley", declaró Lapointe.
El Departamento de Justicia también agradeció la colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales y de las autoridades en la República Dominicana, que desempeñaron un papel fundamental en la ejecución de esta operación.
Según se informó, la carga de la prueba en los procedimientos de confiscación recaerá en el gobierno, que deberá demostrar la ilegalidad de la adquisición y uso de la aeronave.
