Foto cortesía de Graham Brink
Lafayette Blue Springs State Park, que incluye uno de los 33 manantiales de primera magnitud reconocidos en el estado, donde el agua fluye a más de 100 pies cúbicos por segundo. Los manantiales en la foto desembocan en el cercano río Suwannee.
Un grupo sin fines de lucro presentó una clara demanda en una nueva querella contra los reguladores ambientales de Florida: cumplir con la ley y establecer las reglas necesarias para salvar los manantiales en peligro del estado.
La demanda, presentada este mes en el condado de Hernando, surge casi nueve años después de que los legisladores de Florida aprobaran una medida que exige al Departamento de Protección Ambiental de Florida (DEP) crear reglas para evitar que las industrias comerciales, agrícolas y de servicios públicos extraigan cantidades perjudiciales de agua de los manantiales.
La ley fue diseñada para proteger manantiales como los de Wekiwa e Ichetucknee, donde los defensores temen que los permisos estén siendo aprobados con demasiada facilidad por los administradores del agua. La extracción excesiva de agua subterránea ha reducido los flujos de los manantiales, dificultando la lucha contra la contaminación y el mantenimiento de la biodiversidad.
Sin embargo, a medida que los años pasan sin que se implementen nuevas reglas estatales –lo que el Florida Springs Council argumenta es una "inacción continua" por parte de los reguladores–, el grupo sin fines de lucro afirma que no le queda otra opción más que demandar a la agencia reguladora ambiental del estado.
“Si nuestras agencias estatales no tienen que seguir la ley, no tenemos esperanza”, dijo Ryan Smart, director ejecutivo del grupo demandante. “Francamente, deberían sentir vergüenza de que sea necesario que un grupo sin fines de lucro y una clínica legal los demanden –no por temas técnicos– sino simplemente por cumplir con el mandato básico que se les dio hace nueve años”.
La ley de 2016 también requería que el estado definiera claramente qué se considera “perjudicial” para los manantiales de Florida. Esa definición debía servir como guía para los administradores regionales del agua encargados de emitir permisos de extracción de agua.
Los defensores sostienen que los manantiales de Florida, y quienes los visitan, están pagando las consecuencias de la falta de nuevas protecciones.
La demanda alega que, en 2022, seis años después de que la ley exigiera al DEP crear reglas para proteger los manantiales, la agencia publicó un borrador de dichas reglas. Sin embargo, los defensores consideraron que era insuficiente y nunca fue adoptado formalmente. En agosto del año pasado, la agencia elaboró un nuevo borrador que tampoco fue aprobado, y en septiembre de este año presentó un tercer borrador, “casi idéntico a los dos anteriores”.
Esta falta de avances ha permitido que se sigan aprobando cientos de permisos para la extracción de agua en los manantiales de Florida, según Smart.
“Nuestras leyes no valen el papel en el que están escritas si nuestras agencias estatales pueden ignorarlas continuamente, y hacerlo de forma intencionada”, dijo Smart. “Aquí no hay ningún esfuerzo”.
La demanda se presentó pocos días después de que Shawn Hamilton, director del DEP, renunciara tras más de tres años en el cargo. Este año, su agencia estuvo involucrada en un escándalo relacionado con propuestas para desarrollar campos de golf, hoteles y pistas de pickleball en nueve parques estatales de Florida. La nueva directora de la agencia es Alexis Lambert, jefa de personal de la división estatal de financiamiento de bonos desde 2018.
Alexandra Kuchta, portavoz del DEP, afirmó que la agencia no comenta sobre litigios en curso.
Cuando la Legislatura de Florida aprobó la ley en 2016, reconocieron en el texto legal que era “urgente” tomar medidas para proteger los manantiales. Sin embargo, los defensores de los manantiales sostienen que, si al estado realmente le importara salvarlos, ya habrían establecido nuevas reglas.
“Si alguna vez has estado en un manantial, sabes que es una maravilla natural”, dijo Rachael Curran, abogada del Jacobs Public Interest Law Clinic de la Universidad de Stetson en Gulfport, quien está ayudando al grupo con la demanda.
“Si permitimos que nuestras agencias estatales ignoren la voluntad del pueblo a través de sus legisladores, ya no tendremos este recurso natural tan maravilloso”, agregó.
