En materia de política de salud, la ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de gestación fue el cambio más significativo en Florida este año. Pero las agencias estatales encargadas de los programas de salud para la población vulnerable también destacaron por errores en la depuración de los registros de Medicaid y los intentos de vincular a los inmigrantes indocumentados con las presiones sobre el sistema de salud.
Estas son nuestras principales historias de salud del año.
1) Prohibición de aborto a las seis semanas entra en vigor
Un fallo histórico de la Corte Suprema de Florida el 1 de abril permitió que la prohibición del aborto a las seis semanas entrara en vigor el 1 de mayo, limitando el acceso al procedimiento en la mayoría de los casos antes de que muchas personas sepan que están embarazadas.
El estado ya tenía una prohibición a las 15 semanas aprobada en 2022, un periodo de espera de 24 horas entre citas y otras restricciones para los proveedores de aborto. Pero hasta el 1 de mayo, miles de personas de estados cercanos como Alabama, Georgia y Luisiana podían obtener abortos en Florida.
Las personas todavía están obteniendo abortos en el estado. Hasta el 2 de diciembre, más de 56,000 abortos se habían realizado, según la Agencia de Florida para la Administración de Atención Médica (AHCA). Esa cifra es menor a los 84,052 del año pasado.
Los médicos que realizan abortos y otros proveedores de salud han descrito las excepciones legales a la prohibición de seis semanas como difíciles de manejar con sus pacientes, generando preocupaciones sobre retrasos en cuidados que pueden salvar vidas y la necesidad de consultar con abogados y autoridades antes de proceder con abortos.
En respuesta a esas preocupaciones, el gobernador Ron DeSantis y su administración han amenazado con acciones disciplinarias contra los médicos que retrasen cuidados para personas que podrían morir si no obtienen un aborto. Sin embargo, los médicos también pueden perder sus licencias y enfrentar hasta cinco años de prisión si realizan un aborto más allá de las seis semanas de gestación que no esté cubierto bajo las excepciones de la ley.
Fondos sin fines de lucro que ayudan a las personas a pagar abortos enfrentan una mayor demanda y costos más altos bajo la prohibición de seis semanas, mientras las donaciones disminuyen, según informaron sus directores a Florida Phoenix. La derrota de la enmienda sobre derechos al aborto en las urnas consolidó la prohibición de seis semanas en el estado por el futuro previsible.
2) Revisión de Medicaid y demanda colectiva
La revisión de Florida sobre la elegibilidad para los 5.5 millones de inscritos en Medicaid que acumuló durante la emergencia pública de Covid-19 comenzó en 2023. Sin embargo, la gestión del proceso de depuración, que duró un año, siguió siendo noticia en 2024.
Durante el proceso, que debía concluir en abril, el estado eliminó a 1.9 millones de floridanos del programa de atención médica para poblaciones vulnerables, según un rastreador de datos de KFF, un grupo sin fines de lucro de investigación en políticas de salud.
Un juicio de una semana a finales de julio en una demanda colectiva acusando al estado de emitir notificaciones tan confusas que las personas no podían entender por qué perdieron la cobertura de Medicaid ofreció una visión de los errores del estado en el proceso de depuración. Florida Phoenix fue uno de los dos medios de comunicación que cubrió todo el juicio, detallando cómo la AHCA y el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) excluyeron erróneamente a mujeres embarazadas, en posparto y a sus bebés de Medicaid.
Aunque el resultado de la demanda está pendiente, los testimonios de empleados estatales y personas que perdieron Medicaid mostraron las deficiencias del DCF al proporcionar información precisa en sus notificaciones y a través de su centro de llamadas, que no pudo manejar el volumen recibido.
3) Pelea entre estado y federales sobre reglas de KidCare y su expansión
Los niños que necesitan el programa de seguro médico subsidiado quedaron atrapados en el medio cuando Florida se negó a cumplir con una regla de la administración Biden que exige a los estados proporcionar 12 meses completos de cobertura continua.
Florida presentó una demanda contra los Centros para Medicare y Medicaid Services en febrero, un mes después de que la agencia federal anunciara que los estados no podían retirar a los niños del CHIP (Programa de Seguro Médico para Niños, conocido como KidCare en Florida) durante un año, incluso si sus padres no pagaban las primas.
Entre enero de 2023 y julio de 2024, más de 21,000 niños inscritos en KidCare perdieron la cobertura porque sus padres no realizaron los pagos, escribió Ashley Carr, directora de mercadotecnia de Florida Healthy Kids, a Florida Phoenix en agosto.
Aunque ambas partes pidieron a un tribunal de apelaciones federal que desestimara la demanda el 13 de diciembre, el conflicto sobre la cobertura continua persiste.
El 4 de diciembre, la AHCA rechazó la aprobación federal para una exención que habría expandido KidCare para cubrir a niños con ingresos familiares de hasta el 300% del nivel de pobreza federal.