Con Donald Trump a punto de asumir su segundo mandato presidencial en enero, la comunidad latina en los Estados Unidos enfrenta un escenario lleno de incertidumbre. Desde Tampa Bay hasta el resto del país, expertos en inmigración y política electoral advierten sobre posibles cambios significativos que podrían redefinir la vida de millones de personas.
Entre ellos están Eugenio Martínez, periodista y director de la organización Votoscopio, y la experta en leyes de inmigración Danielle Hernández, quienes analizaron los posibles impactos de las nuevas políticas de Trump.
Ambos coinciden en que la próxima administración estará marcada por medidas migratorias más estrictas y un cambio en las prioridades económicas, con los migrantes más vulnerables posiblemente enfrentando los mayores riesgos.
Los hispanos, que representan una fuerza laboral esencial y una comunidad en crecimiento, ya se preguntan cómo navegar estos desafíos.
Deportaciones masivas y redadas: ¿Son viables?
La promesa electoral de deportar a millones de migrantes indocumentados será una de las prioridades del presidente electo durante su nueva administración. Según Hernández, “las deportaciones serán una prioridad para las personas con órdenes finales ya emitidas”. Sin embargo, Hernández advierte que llevar a cabo estas acciones será más complejo de lo que parece debido a altos costos logísticos y limitaciones legales.
Un obstáculo clave es el proceso de aceptación por parte de los países de origen. “Cuba, por ejemplo, está empezando a aceptar un número limitado de personas. Con Venezuela, donde no hay relaciones diplomáticas, será aún más complicado”, explicó Hernández. Además, las detenciones migratorias, que cuestan un estimado de $165 por persona por día, podrían saturar los centros de detención, aumentando la carga económica para el país.
“Una operación rápida de tal magnitud no solo es logísticamente inviable, sino que también tendría un impacto devastador en la economía y en las comunidades inmigrantes que han contribuido al país durante años”, dijo Hernández, quien enfatizó que “las propuestas de deportaciones masivas ignoran los derechos fundamentales de los individuos y podrían generar violaciones significativas al debido proceso, afectando familias enteras y desestabilizando comunidades completas”.
Asimismo, la abogada cree que las redadas serán más frecuentes, especialmente en lugares de trabajo. “Las detenciones masivas afectarán a personas indocumentadas que utilizan documentos falsos, lo que podría conllevar graves consecuencias penales y migratorias”, agregó.
Ambos expertos coinciden en que los grupos más vulnerables y en mayor riesgo de deportación bajo la próxima administración incluyen a personas con antecedentes penales. Asimismo, Hernández señala que las personas con órdenes finales de deportación serían la máxima prioridad, ya que sus casos ya no tienen posibilidad de apelación.
Las familias de estatus mixto, donde algunos miembros son ciudadanos estadounidenses y otros no tienen estatus legal, también enfrentan el riesgo de separación; así como los migrantes con casos pendientes en tribunales de inmigración, quienes perderán la discrecionalidad que permitía cerrar casos por razones humanitarias o circunstancias especiales. Otro grupo considerado como objetivo principal son los migrantes recientes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y no siguieron procesos legales, como aplicar a través de CBP-1.
Los expertos destacaron la importancia de que las personas en situación de riesgo busquen asesoría legal inmediata y se informen acerca de sus derechos fundamentales para protegerse.
DACA, TPS y programas humanitarios
Los programas humanitarios como TPS (Estatus de Protección Temporal) y DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) podrían enfrentar cambios significativos. Martínez cree que “las órdenes ejecutivas iniciales del gobierno definirán la continuación o eliminación de estos programas”.
En el caso de DACA, Hernández señala que los beneficiarios actuales podrían seguir renovando, pero descarta cualquier expansión del programa. “No creo que esta administración busque ayudar a legalizar el estatus de los Dreamers”, afirmó.
En cuanto al TPS, la abogada opina que los países más afectados serían aquellos con menor apoyo político. “Creo que Venezuela tendría mayores posibilidades de mantener su TPS debido a su situación y al apoyo electoral que Trump recibió de votantes venezolanos”, agregó Hernández, refiriéndose a la agitación política tras la reelección disputada de Nicolás Maduro.
Hernández trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) como asesora legal asistente senior. En ese rol, representó al gobierno federal en cientos de casos. Además, sirvió como analista política para el gobierno federal, proporcionando actualizaciones de políticas y liderazgo a legisladores de EE.UU. en Europa Occidental.
Limitaciones económicas y laborales
La economía será otro tema central en el próximo gobierno. Según Martínez, Trump buscará imponer aranceles punitivos y reducir impuestos, favoreciendo a grandes corporaciones. Sin embargo, estas políticas podrían exacerbar la inflación, dejando a los trabajadores latinos en una situación aún más precaria.
Acerca de las visas laborales, Hernández anticipa que el enfoque se mantendrá en atraer a migrantes calificados. Sin embargo, advierte que las personas que ingresaron sin autorización legal seguirán enfrentando limitaciones para obtener permisos de trabajo, incluso si cumplen con los requisitos.
Además, Martínez destacó que Trump planea imponer aranceles más altos a productos extranjeros, lo que podría aumentar los precios de bienes importados, afectando especialmente a las familias hispanas de bajos ingresos que dependen de productos asequibles. Estas medidas, aunque rentables para ciertos sectores empresariales, podrían no traducirse en beneficios directos para el ciudadano promedio.
“En general, estas son buenas noticias para los tenedores de bonos, inversores y personas con capital. El impacto real en aquellos que no pertenecen a ese grupo tardará en verse, aunque será difícil que el ciudadano promedio note algún cambio económico significativo en el mediano plazo”, afirmó Martínez.
Por otro lado, Martínez advirtió sobre el riesgo de que estas políticas reduzcan subsidios y asistencia social, como los relacionados con Obamacare, lo que afectaría aún más a la población migrante y a los grupos más vulnerables. Martínez concluyó que estas acciones reflejan una estrategia económica que prioriza la acumulación de capital sobre la equidad y el bienestar de las comunidades más necesitadas.
Foto cortesía de DVH Law Group
Danielle Hernández es una abogada con amplia experiencia en asuntos migratorios. Tiene una oficina en Tampa con su firma DVH Law Group, donde ofrece asesoría legal a migrantes y comparte información práctica en redes sociales bajo el nombre de usuario @dvhlawgroup
Reforma migratoria: ¿posibilidad o utopía?
Aunque Trump insinuó durante su campaña que podría facilitar el estatus migratorio a estudiantes extranjeros que se gradúen de universidades estadounidenses, Hernández calificó esta promesa como “irrealista”. Según la abogada, “sería necesaria una reforma migratoria integral, algo que no ha ocurrido en más de 20 años”.
Mientras tanto, Martínez añadió que las prioridades del Partido Republicano, con control del Congreso, se enfocarán más en limitar los derechos de los migrantes que en facilitar su integración. Según Martínez, “la dirección estará marcada por la probable orden ejecutiva que Trump emitirá el primer día o en los primeros días en la Casa Blanca, la cual instruirá a todas las agencias de inmigración sobre qué revisar y cómo ajustar las reglas y prácticas en temas migratorios”.
También señaló que cualquier avance en el tema dependerá del Congreso, pero es poco probable que haya consenso para una reforma integral en el contexto político actual. En cualquier caso, Hernández enfatizó que, aunque los individuos indocumentados tienen derechos constitucionales, muchos no los conocen o temen ejercerlos. “Nuestra Constitución protege a todos en este país, no solo a los ciudadanos. Esto incluye acceso a servicios médicos y protección contra abusos”, explicó.
Relaciones con América Latina
Martínez opinó que las relaciones con América Latina probablemente no serán una prioridad para la administración de Trump, salvo en temas específicos como México, debido a su relevancia en asuntos de inmigración y comercio. También mencionó que el enfoque estará más en políticas energéticas y comerciales, lo que podría generar tensiones con países de la región. Sobre Venezuela, consideró que Trump podría buscar canales de comunicación con el régimen de Maduro para facilitar deportaciones, lo que sería un cambio significativo respecto a las políticas de su administración previa.
Además, Martínez dijo que el nombramiento del Secretario de Estado será crucial para definir la política hacia América Latina, enfatizando que si figuras como el senador Marco Rubio asumieran ese cargo, podría haber un enfoque más directo en los asuntos regionales. Sin embargo, reiteró que, en general, la política exterior de Trump hacia América Latina probablemente se caracterizará por la indiferencia, salvo cuando se involucren intereses económicos o migratorios.
Hernández señaló que uno de los mayores desafíos de las deportaciones masivas será obtener la cooperación de los países latinoamericanos para aceptar deportados. “Esto podría generar una saturación de los centros de detención migratoria, donde las personas esperan ser deportadas”, dijo. “Generalmente, las deportaciones inmediatas solo serían factibles para aquellos que pueden ser trasladados por tierra, como a México o países de América Central”.
De igual manera, Hernández enfatizó la importancia de que los migrantes residentes en Tampa se mantengan estrictamente dentro del marco legal para minimizar el riesgo de detenciones. “Asegúrese de que todo en su vehículo esté en regla, que lleve todo correctamente, luces, documentación, y actúe con precaución al conducir, para no dar razones a las autoridades para detenerlo”, dijo.
Instó a los migrantes a consultar con abogados especializados, incluso si no tienen los recursos para contratarlos permanentemente. Recomendó pagar por una consulta con un abogado competente que pueda proporcionar una evaluación clara y una estrategia legal personalizada. Según ella, “es esencial tener una estrategia definida, especialmente si tiene un TPS aprobado o algún procedimiento pendiente”.
Además, para aquellos miembros de la comunidad con recursos limitados, sugirió buscar asesoría legal en el área de Tampa Bay a través de organizaciones como Lutheran Services, Church World Services y Gulf Coast JFCS, que ofrecen asistencia legal gratuita y protegen a los miembros más vulnerables de la comunidad.
Eugenio Martínez @Puzkas es el director de la organización Votoscopio, con sede en Miami. Martínez es un periodista especializado en temas electorales y democráticos, graduado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Venezuela. Votoscopio analiza estándares democráticos en América Latina, promoviendo la participación electoral y la transparencia en los procesos políticos.
Danielle Hernández es una abogada con amplia experiencia en asuntos migratorios. Tiene una oficina en Tampa con su firma DVH Law Group, donde ofrece asesoría legal a migrantes y comparte información práctica en redes sociales bajo el nombre de usuario @dvhlawgroup
